La República Dominicana lleva dos décadas construyendo un récord macroeconómico que muy pocos países del hemisferio pueden igualar: un crecimiento promedio del PIB superior al 5% anual, interrumpido únicamente por el shock externo de la pandemia en 2020. Sin embargo, ese dinamismo convive con una paradoja que los datos del propio Estado dominicano permiten documentar con precisión: el producto crece, el capital se apropia del 44.5% de la riqueza generada, y la remuneración total al trabajo —formal e informal— no supera el 39.4% del PIB. La paradoja del crecimiento económico dominicano no es una percepción ciudadana ni una hipérbole crítica: es una arquitectura económica con nombres, leyes y beneficiarios identificables.
Última actualización: Junio de 2026
En primer lugar, este análisis descompone los mecanismos que perpetúan esa brecha. A partir de fuentes primarias —el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo— examina cómo el modelo económico distribuye la riqueza entre capital y trabajo, qué costo fiscal asume el Estado para sostener ese modelo, y por qué una reforma tributaria que intentó corregir esas distorsiones fue retirada del Congreso once días después de presentada.
Contenido del artículo
- El crecimiento dominicano que no se siente
- Quién captura el crecimiento: la distribución funcional del ingreso
- El subsidio al capital: gastos tributarios y el costo del modelo
- El fraude documentado: precios de transferencia en el turismo todo incluido
- El salario que no alcanza: empleo en los sectores líderes
- La reforma que duró once días
- ¿Tiene solución la paradoja del crecimiento dominicano?
- Fuentes
El crecimiento dominicano que no se siente
En 2024, la economía dominicana registró un crecimiento del 5.0% en términos reales, según el cierre definitivo del BCRD. Es el duodécimo año consecutivo de expansión por encima del promedio regional, que en América Latina y el Caribe no superó el 2.5% en ese período. Ese ritmo ha convertido a la República Dominicana en una referencia recurrente en los informes de organismos multilaterales que buscan ejemplos de dinamismo macroeconómico en el hemisferio. Sin embargo, el PIB no es el bienestar.
Ahora bien, la tasa de pobreza monetaria general, medida bajo la nueva metodología de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) implementada en 2022, fue del 27.7% ese año, se redujo al 23.0% en 2023, y el MEPyD estimó una caída adicional hasta el 19.0% en 2024. En términos absolutos, 413,686 personas superaron la condición de pobreza entre 2023 y 2024. Es un avance real, pero su velocidad no es proporcional al ritmo de expansión del PIB.
La baja elasticidad distributiva del crecimiento
De hecho, la elasticidad del crecimiento para reducir la pobreza —cuántos puntos de reducción de pobreza genera cada punto de crecimiento del PIB— se ubica entre las más bajas de América Latina, fenómeno documentado de forma consistente por el Banco Mundial y la CEPAL. Esta baja elasticidad es uno de los síntomas más claros de la paradoja del crecimiento dominicano: el PIB se expande, pero la riqueza no permea hacia los estratos que más lo necesitan. Un ejercicio contrafactual del MEPyD lo ilustra con particular crudeza: de no existir los programas de transferencia pública Supérate y Aliméntate, que benefician a más de 1.5 millones de hogares, la tasa de pobreza general en 2025 habría sido 3.7 puntos porcentuales más alta. El bienestar no emerge de la distribución orgánica del mercado; lo sostiene el subsidio paliativo.
Quién captura el crecimiento: la distribución funcional del ingreso
Para entender por qué el crecimiento no se distribuye, el análisis del PIB desde el enfoque del gasto resulta insuficiente, aunque es el más difundido en medios. El Sistema de Cuentas Nacionales ofrece una perspectiva más reveladora: el enfoque del ingreso, que descompone el PIB según a qué factor productivo se destina la riqueza creada en cada ciclo. El Banco Central de la República Dominicana publica esta distribución funcional en sus Cuentas Nacionales, actualizadas al año de referencia 2018. Los datos son contundentes, como se observa a continuación.
Además, el Excedente Bruto de Explotación —el componente que captura la rentabilidad del capital, los márgenes empresariales y la depreciación— acaparó el 44.5% del PIB. La remuneración de todos los asalariados, formales e informales, representó el 39.4%. Esta arquitectura, en la que el capital retiene una mayor fracción del producto que la totalidad del trabajo asalariado, expresa por tanto con precisión estadística la paradoja del crecimiento dominicano: una economía que crece en beneficio del capital y no del trabajo.
La cuota laboral frente al estándar internacional
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en sus estimaciones para los indicadores ODS 10.4.1 publicadas en 2025, calcula que la participación promedio del trabajo en el PIB a nivel mundial es del 52.6%. La brecha entre esa norma global y la realidad dominicana supera los 13 puntos porcentuales. En una economía donde más del 55% de la fuerza laboral opera en la informalidad —según la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del BCRD—, esa brecha no afecta de forma homogénea: impacta con mayor severidad precisamente a quienes no tienen acceso a las protecciones del Comité Nacional de Salarios ni al sistema de seguridad social contributivo.
Asimismo, el análisis sectorial del propio BCRD sobre la industria hotelera y turística añade otra capa: incluso en el sector líder de captación de divisas, el Excedente Bruto de Explotación captura el 38.6% del valor agregado bruto, frente al 47.5% destinado a remuneraciones. Son márgenes de rentabilidad del capital extraordinariamente elevados para el estándar internacional, lo que explica tanto la permanencia de la inversión extranjera directa en ese sector como la presión estructural hacia la contención de los salarios.
El subsidio al capital: gastos tributarios y el costo del modelo
El modelo económico que concentra valor en el excedente de explotación no opera sobre reglas de mercado neutral: lo sostiene, por el contrario, una renuncia fiscal sistemática del Estado. Ese subsidio silencioso es el tercer pilar de la paradoja del crecimiento dominicano, y el más cuantificable. El instrumento técnico se denomina ‘gasto tributario’ —el monto de ingresos que la administración pública deja de percibir al otorgar exenciones, deducciones y tasas reducidas frente a lo que recaudaría aplicando el sistema tributario de referencia.
El Ministerio de Hacienda proyectó para 2026 una renuncia fiscal de RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54% del PIB estimado para ese año. Para 2025, el gasto tributario fue de RD$377,727.96 millones (4.74% del PIB), según el Informe de Estimación del Gasto Tributario 2026 del Ministerio de Hacienda. Ambas cifras superan ampliamente lo que la mayoría de los países de América Latina destina en su totalidad al gasto público en educación primaria o salud preventiva.
El costo diferenciado: turismo y zonas francas
Por ejemplo, aproximadamente el 83.5% de esa renuncia fiscal se concentra en cuatro renglones: Impuesto Sobre la Renta, ITBIS, Impuestos a los Hidrocarburos y Arancel. Por una parte, una fracción responde a protecciones sociales legítimas: la exención del ITBIS sobre la canasta básica alimentaria, los medicamentos y los insumos agropecuarios protege el poder adquisitivo de los hogares de bajos ingresos. Sin embargo, otro segmento significativo beneficia a sectores corporativos bajo regímenes de exención cuya vigencia se prolonga indefinidamente: el turismo al amparo de la Ley 158-01 de Fomento al Desarrollo Turístico, y las zonas francas industriales bajo la Ley 8-90. Para contexto sobre la estructura del gasto fiscal y sus efectos sobre el ciudadano, véase el análisis sobre los impuestos para viajar desde la República Dominicana.
Del mismo modo, un análisis costo-beneficio publicado por el Ministerio de Hacienda en conjunto con el MEPyD en 2019 halló que el sector de Zonas Francas absorbió históricamente el 27.6% de todo el gasto tributario por exenciones al ISR nacional, y el 42.5% de las exenciones del ITBIS. La pregunta que ese mismo análisis intenta responder —si el empleo y el encadenamiento productivo generados justifican el sacrificio impositivo— no tiene una respuesta satisfactoria mientras los salarios en las zonas francas sean los más bajos del mercado formal.
El fraude documentado: precios de transferencia en el turismo todo incluido
El gasto tributario oficial convive con una distorsión adicional que el propio Estado dominicano documentó y cuantificó: las multinacionales del sector turístico han utilizado, de forma sistemática, mecanismos de manipulación de precios de transferencia para vaciar de contenido tributario las utilidades generadas en territorio dominicano. La denuncia, sin embargo, no proviene de una fuente crítica externa. La realizó la propia DGII ante el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) en 2013, en un informe técnico que detallaba la magnitud del problema: la inmensa mayoría de los contribuyentes multinacionales del sector hotelero llevaba declarando pérdidas constantes durante más de diez años.
Para comprender el alcance del problema, conviene observar el mecanismo sin tecnicismos. Un resort de modalidad todo incluido en la zona de Bávaro o Punta Cana pertenece a una cadena multinacional que posee simultáneamente la filial operadora del hotel en la República Dominicana y el tour operador que comercializa los paquetes vacacionales desde Europa o Norteamérica. Cuando el turista paga su paquete, lo paga al tour operador en el país emisor. Ese tour operador transfiere a la filial dominicana una tarifa por noche que, según los hallazgos de la DGII, era inferior al costo operativo declarado del hotel. El resultado contable para el fisco era, en consecuencia, el siguiente: la filial local reportaba pérdidas, el tour operador consolidaba utilidades en una jurisdicción de baja o nula tributación, y el Estado dominicano liquidaba el ISR sobre una base imponible de cero o negativa.
En paralelo, el BCRD registraba la actividad turística con plena fidelidad: las divisas que el turista gastó ingresaban al sistema bancario dominicano como ingresos del sector externo y contribuían al cálculo del PIB y la balanza de pagos. El turismo generaba más de US$8,400 millones en divisas solo entre enero y septiembre de 2024. El resultado es la dualidad estructural más expresiva de la paradoja del crecimiento dominicano en su dimensión fiscal: el mismo fenómeno económico produce crecimiento para el BCRD y pérdidas declaradas para la DGII.
El APA de 2014 y la suspensión pandémica
Por ello, ante la imposibilidad técnica de auditar individualmente cada operación vinculada bajo las normas convencionales del Artículo 281 Bis del Código Tributario, la DGII adoptó un enfoque pragmático. El 27 de marzo de 2014, la autoridad fiscal y ASONAHORES suscribieron un Acuerdo de Precios Anticipados (APA) sectorial, que obligó a las empresas adheridas a declarar una tarifa presuntiva construida sobre sus costos operativos reales más un margen de utilidad mínimo preacordado. Sobre esa base se liquidaban el ITBIS y el ISR. Antes de su implementación, informes institucionales de la DGII estimaban las pérdidas tributarias derivadas de esta práctica entre US$100 y US$125 millones anuales.
Cabe señalar, asimismo, que un elemento decisivo es la discontinuidad generada por la pandemia. El Ministerio de Hacienda oficializó en sus Memorias Institucionales de 2020 la suspensión temporal de los APA como medida de alivio de liquidez frente al colapso de la ocupación hotelera. Con la recuperación récord del turismo dominicano —superando los 10 millones de visitantes anuales a partir de 2022—, el marco APA debió reactivarse. No obstante, la DGII no publica datos desagregados de recuperación fiscal por esta vía: los clasifica dentro del renglón genérico de ‘Pagos Extraordinarios’, donde confluyen fiscalizaciones generales, rectificativas, acuerdos transaccionales y liquidaciones de otros sectores. Por lo tanto, el número exacto de APAs vigentes en 2026 y el monto de la recuperación fiscal posterior a la pandemia no son de dominio público.
El salario que no alcanza: empleo en los sectores líderes
Los sectores que lideran el crecimiento del PIB dominicano —turismo, zonas francas e industria de la construcción— generan empleo. Lo que no generan, en forma proporcional a su participación en el crecimiento, es empleo bien remunerado. Por otra parte, las resoluciones del Comité Nacional de Salarios (CNS) del Ministerio de Trabajo constituyen el espejo más fiel de esa realidad.
En consecuencia, un trabajador hotelero de grandes empresas percibe, como mínimo, un 35.6% menos que un empleado del sector privado general no sectorizado. En zonas francas, la brecha es similar. Ambos sectores —los motores principales del discurso oficial sobre el ‘milagro dominicano’— pagan por debajo del piso salarial del comercio y los servicios generales. Esta brecha salarial estructural, en definitiva, entre los sectores que más aportan al PIB y los que mejor remuneran al trabajo es, quizás, la expresión más cotidiana de la paradoja del crecimiento dominicano. Para una comparación con los patrones de subsidio en otro sector estratégico, resulta ilustrativo revisar el modelo de subsidios en el sector eléctrico dominicano y sus efectos sobre las finanzas públicas.
El límite estructural de la formalidad
Por otro lado, el MEPyD reportó un crecimiento acumulado del salario mínimo real del 20.6% entre 2018 y 2024, producto de diecinueve incrementos nominales negociados en el CNS desde agosto de 2020, validado con datos del BCRD. Es un avance genuino. Sin embargo, tiene un límite estructural que el propio MEPyD señala: esa métrica refleja únicamente al sector formal, que representa aproximadamente el 45% de la fuerza laboral. Para el 55% de los trabajadores dominicanos que opera en la informalidad, es decir, sin acceso a los convenios del CNS ni a la seguridad social contributiva, el crecimiento del salario mínimo real es, en sentido estricto, irrelevante.
La reforma que duró once días
Las distorsiones documentadas en las secciones anteriores —un gasto tributario del 4.74% del PIB, una distribución funcional del ingreso que asigna al capital más riqueza que al trabajo, y una práctica sistemática de erosión fiscal en el principal sector de divisas— desembocaron en una asfixia presupuestaria que el propio Estado diagnosticó sin ambigüedades. La República Dominicana destinaba cerca del 22% de su Presupuesto General —unos RD$263,000 millones— al pago de intereses de la deuda acumulada. Financiar el desarrollo social sin reformar la estructura tributaria requería, inevitablemente, más deuda.
Por lo tanto, el 8 de octubre de 2024, el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección del ministro Jochi Vicente, depositó ante el Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal. El objetivo central, en suma, era recaudar RD$122,486 millones adicionales por año —equivalentes al 1.5% del PIB— mediante una combinación de medidas que atacaban simultáneamente el consumo, los incentivos corporativos y los regímenes sectoriales. Entre sus ejes principales, además, figuraban la transformación del ITBIS en un IVA del 18% con base imponible ampliada para servicios digitales; la derogación de los beneficios de la Ley 158-01 de fomento turístico para nuevos proyectos; el incremento del ISR en zonas francas del 3.5% al 5% sobre ventas locales; la reestructuración del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario, reduciendo el mínimo exento de RD$10 millones a RD$5,025,380; y la introducción de un impuesto selectivo a las bebidas azucaradas.
La oposición corporativa y el retiro del proyecto
La reacción fue inmediata y transversal. ASONAHORES argumentó destrucción de la competitividad frente a México y Cuba. Las confederaciones de zonas francas denunciaron vulneración de la seguridad jurídica que ampara las inversiones extranjeras. Las confederaciones laborales CNTD y CNUS objetaron el impacto sobre el costo de vida. Los partidos de oposición PLD y Fuerza del Pueblo capitalizaron el rechazo popular. El tejido corporativo dominicano —beneficiado durante décadas por los mismos regímenes de exención que la reforma intentaba revisar— demostró una capacidad de veto que ningún gobierno había logrado superar.
Por último, el 19 de octubre de 2024, once días después de presentado el proyecto, el presidente Luis Abinader anunció su retiro incondicional. En su declaración oficial, el mandatario reconoció: «En una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo. Corregir es reconocer que las decisiones —aunque sean bien intencionadas— deben cambiarse, cuando no respondan a las posibilidades y expectativas de la gente.»
Sin embargo, la economía política tiene un nombre para este resultado: captura regulatoria. Los sectores que durante décadas han acumulado ventajas mediante el gasto tributario poseen la capacidad institucional de bloquear cualquier reforma que amenace esas ventajas, aun cuando el propio Estado que concedió esos beneficios reconoce públicamente que ya no puede seguir financiándolos.
¿Tiene solución la paradoja del crecimiento dominicano?
En definitiva, la paradoja del crecimiento dominicano no es una condición geográfica ni una fatalidad del desarrollo caribeño. Es el resultado de una arquitectura de incentivos construida sobre tres pilares que se refuerzan mutuamente: un sistema tributario que renuncia al 4.5% del PIB en beneficio principalmente del capital corporativo, una distribución funcional del ingreso que asigna al trabajo una cuota 13 puntos inferior a la media mundial, y una práctica documentada de erosión fiscal en el principal sector de captación de divisas. Esos tres pilares no son fenómenos naturales; son políticas con autores, beneficiarios y costos distribuidos de forma asimétrica entre la ciudadanía.
Al respecto, las propuestas técnicas de corrección circulan desde hace años en los informes de la CEPAL, el Banco Mundial y el propio Ministerio de Hacienda: ampliar la base tributaria sin elevar tasas marginales de consumo, fortalecer la aplicación de los APAs con publicación de resultados desagregados, avanzar en la formalización laboral como palanca distributiva, y revisar con criterios de costo-beneficio documentados la perpetuación de regímenes de exención con décadas de vigencia. El paralelo latinoamericano más citado en la literatura técnica es Panamá: una economía también dominada por los servicios de alto valor agregado, también con tasas de crecimiento excepcionales y también con asimetrías distributivas estructuralmente similares a las que define la paradoja del crecimiento dominicano, aunque con un piso salarial nominalmente más elevado.
En conclusión, lo que el fracaso de la Ley de Modernización Fiscal de 2024 revela no es la inviabilidad técnica de la reforma, sino su inviabilidad política en el corto plazo. Un Estado que dedica el 22% de su presupuesto a servir intereses de deuda, pero que no puede ampliar su base recaudatoria sin el veto de los sectores que más se benefician del gasto tributario, no enfrenta un problema fiscal en sentido estricto. Enfrenta un problema de economía política: la paradoja del crecimiento dominicano es extraordinariamente rentable para quienes la controlan, y esa rentabilidad es, por ahora, la principal barrera para reformarla.
Fuentes
Instituciones dominicanas
- Banco Central de la República Dominicana (BCRD). La economía dominicana se expandió en 5.0% en el año 2024. bancentral.gov.do. 2025.
- Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Cuentas Nacionales de la República Dominicana, año de referencia 2018. bancentral.gov.do.
- Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Estimación del Gasto Tributario 2024–2025. dgii.gov.do. 2025.
- Ministerio de Hacienda. Informe de Estimación del Gasto Tributario 2026. hacienda.gob.do. Noviembre 2025.
- Ministerio de Hacienda. Memorias Institucionales 2020. hacienda.gob.do.
- Ministerio de Trabajo. Resolución CNS-01-2025, Sector Privado No Sectorizado. transparencia.mt.gob.do. 2025.
- Ministerio de Trabajo. Resolución CNS-03-2025, Zonas Francas Industriales. transparencia.mt.gob.do. Mayo 2025.
- Ministerio de Trabajo. Resolución CNS-04-2025, Sector Turismo. mt.gob.do. Mayo 2025.
- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Ministerio de Economía informa que la pobreza monetaria disminuye 4.7 p.p. en 2023. mepyd.gob.do.
- Ministerio de Hacienda y MEPyD. Análisis Costo-Beneficio de los Regímenes Especiales. Caso de Estudio de Zonas Francas en la República Dominicana. mepyd.gob.do. 2019.
- Oficina Nacional de Estadística (ONE). Portal Interactivo de Pobreza de la República Dominicana. pip.one.gob.do.
- DGII. Acuerdo Común para la determinación del ISR e ITBIS para la modalidad Todo Incluido. APA firmado el 27 de marzo de 2014. dgii.gov.do.
- Presidencia de la República Dominicana. Presidente Abinader anuncia que retira del Congreso el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal. presidencia.gob.do. Octubre 2024.
- Ministerio de Hacienda. Proyecto de Ley de Modernización Fiscal. hacienda.gob.do. Octubre 2024.
Organismos internacionales
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). Panorama Laboral 2025: América Latina y el Caribe. ilo.org. Diciembre 2025.
- Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Caso práctico Tema 2.3: Acuerdos de Precios Anticipados en República Dominicana. Asamblea General CIAT. ciat.org. 2013.
- Banco Mundial. Do Labor Markets Limit the Inclusiveness of Growth in the Dominican Republic? openknowledge.worldbank.org.
Medios y análisis especializados
- Diario Libre. El Gobierno destaca que el país lidera en la región con los aumentos salariales. diariolibre.com. 12 de febrero de 2025.
- Diario Libre. Los cuatro ejes de la reforma fiscal de Abinader. diariolibre.com. 7 de octubre de 2024.
- El Nuevo Diario. Abinader anuncia retiro del Proyecto de Modernización Fiscal tras rechazo de la población. elnuevodiario.com.do. 19 de octubre de 2024.
