Pocos fenómenos han moldeado la República Dominicana con tanta profundidad y persistencia como la migración. Desde los primeros decretos de poblamiento de la Primera República hasta la diáspora transnacional de casi tres millones de personas que envían más de once mil millones de dólares anuales en remesas, el movimiento humano no ha sido un subproducto del desarrollo dominicano. En múltiples etapas históricas, ha sido su motor estructural. Este análisis recorre casi dos siglos de migración en la República Dominicana —tanto la emigración como la inmigración— y examina sus consecuencias económicas, jurídicas e identitarias en el país contemporáneo.
Resumen ejecutivo
- La República Dominicana nació en 1844 con una población estimada en 165,000 habitantes y una vulnerabilidad territorial que convirtió la inmigración en política de Estado desde sus primeros años.
- La revolución azucarera del siglo XIX fue impulsada principalmente por el capital cubano desplazado por la Guerra de los Diez Años, no por una sola ley de fomento.
- La Masacre del Perejil (1937) causó entre 12,000 y 15,000 víctimas de etnia haitiana, según las investigaciones académicas más rigurosas.
- La diáspora dominicana alcanzó 2,874,124 personas al cierre de 2024, equivalentes al 26.7% de la población residente en el país.
- Las remesas sumaron US$11,866.3 millones en 2025, representando el 9.2% del PIB nacional.
- La Sentencia TC/0168/13 (2013) afectó a más de 200,000 personas de ascendencia haitiana; once años después, solo 799 han recibido la nacionalidad efectiva.
- La población venezolana en RD se redujo de 125,549 personas (agosto 2024) a 99,692 (marzo 2025), según la Plataforma R4V (OIM/ACNUR).
Índice de contenido
- El sustrato demográfico y el proyecto poblacional (1844–1870)
- La revolución azucarera y las políticas de inmigración (1870–1930)
- El proletariado antillano: los cocolos y la dependencia laboral
- Las migraciones comerciales: sefardíes, árabes y chinos
- El trujillato: control, masacre y asilo selectivo (1930–1961)
- El gran éxodo: emigración dominicana post-1961
- Las remesas y la economía transnacional
- Marco legal de la migración en la República Dominicana: de la Ley 285-04 a la TC/0168/13
- La migración en la República Dominicana hoy: inmigración y stock contemporáneo
- Análisis estratégico: la doble condición de la migración en la República Dominicana
1. El sustrato demográfico y el proyecto poblacional (1844–1870)
La República Dominicana proclamó su independencia el 27 de febrero de 1844 con una de las bases demográficas más frágiles del hemisferio. El teniente estadounidense David D. Porter calculó la población en aproximadamente 165,000 habitantes para 1846, dispersos en los dos tercios orientales de La Española. La presión geopolítica de Haití —que había ocupado toda la isla entre 1822 y 1844— dejó a las élites dominicanas convencidas de que la soberanía dependía, ante todo, de poblar el territorio.
La política de migración en la República Dominicana durante la Primera República fue, en consecuencia, un instrumento de supervivencia estatal. Las autoridades promovieron la llegada de inmigrantes europeos y antillanos mediante incentivos de tierra y exenciones fiscales. Asimismo, alentaron la permanencia de los negros libertos norteamericanos que, durante el mandato haitiano del presidente Jean-Pierre Boyer (1822–1844), habían fundado comunidades anglófonas y protestantes en Samaná, Puerto Plata y Santiago. Estas comunidades dejaron una huella cultural visible hasta hoy en el norte del país.
Paralelamente, las familias judías sefardíes procedentes de Curazao y Saint Thomas —vinculadas a la histórica congregación Mikvé Israel-Emanuel— se instalaron en los puertos dominicanos. Desde allí, impulsaron redes de exportación de tabaco y madera, y de importación de mercancías europeas y caribeñas. Estas redes contribuyeron al dinamismo del comercio exterior en un momento en que el Estado apenas contaba con infraestructura institucional.
El proyecto del blanqueamiento demográfico
La preferencia por la inmigración europea respondía también a una ideología racial generalizada en las élites latinoamericanas del siglo XIX. Bajo el principio eufemístico del «mejoramiento demográfico», los gobiernos dominicanos de la Primera República privilegiaron la atracción de colonos de origen europeo, canario y antillano anglófono. Esta lógica de selectividad étnica dejaría sus huellas en toda la legislación migratoria de las décadas siguientes. En particular, marcó la trayectoria desde los decretos de la era liberal hasta la Ley 95 de 1939.
2. La revolución azucarera y las políticas de inmigración (1870–1930)
La transformación más profunda de la economía dominicana del siglo XIX no fue producida por un único instrumento legal. Por el contrario, fue resultado de la confluencia de varios factores históricos. El detonante principal fue la Guerra de los Diez Años en Cuba (1868–1878), que desplazó hacia la República Dominicana a hacendados e inversores cubanos que huían del conflicto. Estos fundadores establecieron los primeros ingenios azucareros mecanizados —entre ellos el Ingenio Angelina (1879), al que se atribuye el primer silbato de vapor de la isla el 9 de enero de ese año— introduciendo tecnología y prácticas de producción a gran escala que transformaron la región este del país.
Este impulso fue complementado por las políticas de migración en la República Dominicana impulsadas por los gobiernos de Ulises Espaillat (1876) y Gregorio Luperón (1879). Dichas políticas ofrecieron tierras del Estado, pasajes subsidiados y exenciones fiscales a inmigrantes con conocimiento técnico agrícola, con preferencia por colonos europeos y caribeños. Sin embargo, en la práctica, la inmigración más significativa para la industria azucarera no provino de Europa sino del Caribe anglófono. Además, el capital extranjero estadounidense, italiano y español completó el cuadro de inversión durante los años 1880–1910.
La caída de los precios mundiales del azúcar entre 1880 y 1884 presionó a los propietarios de ingenios a reducir costos laborales. En consecuencia, abrió el camino a la importación organizada de trabajadores antillanos —los denominados cocolos— a partir de la siguiente década.
3. El proletariado antillano: los cocolos y la dependencia laboral
El 14 de octubre de 1893, cien hombres procedentes de Vieques, Saint Thomas y Barbados desembarcaron organizados por el empresario William L. Bass para trabajar en el Ingenio Consuelo, en San Pedro de Macorís. Este episodio marca el inicio de la inmigración cocola organizada. Con este nombre se designó —en términos inicialmente despectivos, luego asumidos con orgullo— a los trabajadores antillanos anglófonos provenientes de Saint Kitts, Tórtola, Nevis, Antigua, Santa Lucía, Dominica, Anguila, Guadalupe, Martinica, Curazao, Sint Maarten y Saint Croix, entre otras islas.
La comunidad cocola creció con rapidez sostenida. De aproximadamente 500 trabajadores a mediados de los años 1880, pasó a 6,000 con permisos de zafra en 1913, distribuyéndose entre los principales ingenios del este (Consuelo, Angelina, Central Romana, Santa Fe, Porvenir). Asimismo, el censo de 1920 registraba 5,763 inmigrantes angloantillanos, de los cuales 3,615 residían en San Pedro de Macorís. El censo de 1935 elevaba esa cifra a 9,272.
En este capítulo de la migración en la República Dominicana, San Pedro de Macorís se transformó en el epicentro del fenómeno. Esta ciudad azucarera combinó la arquitectura victoriana, el protestantismo anglófono, la gastronomía antillana (el yaniqueque, el domplín) y organizaciones fraternas. Su legado más conocido en el presente es el béisbol: San Pedro de Macorís es considerada la mayor cantera de peloteros dominicanos en Grandes Ligas por habitante.
Por otra parte, la migración haitiana masiva hacia los cañaverales dominicanos fue un fenómeno posterior al cocolo. Esta corriente se consolidó a partir de la segunda y tercera décadas del siglo XX —bajo la Ocupación Norteamericana (1916–1924)— cuando los ingenios bajo control estadounidense comenzaron a importar braceros haitianos de manera organizada.
4. Las migraciones comerciales: sefardíes, árabes y chinos
La historia de la migración en la República Dominicana no se reduce a su dimensión laboral. Desde finales del siglo XIX, el país recibió corrientes de inmigrantes comerciantes que transformaron el tejido urbano y empresarial.
Además de las redes sefardíes ya mencionadas, la inmigración árabe —principalmente libanesa, siria y palestina— comenzó a finales del siglo XIX, impulsada por la opresión del Imperio Otomano. Esta corriente se intensificó en las primeras décadas del siglo XX. Estos inmigrantes se insertaron inicialmente en el comercio ambulante y minorista. Con el tiempo, ascendieron progresivamente hacia la importación, la industria y la política.
Su integración fue tan rápida y profunda que genera hoy un problema estadístico relevante. Al haberse naturalizado en su mayoría en las primeras décadas del siglo XX, sus descendientes nacieron en suelo dominicano y son registrados en los censos contemporáneos como ciudadanos dominicanos. Además, los formularios censales no incluyen variable de ancestría cultural que permita cuantificar su peso demográfico real. Como indicador indirecto, el Reporte Internacional de Libertad Religiosa estima que la comunidad musulmana activa en el país oscila entre 2,000 y 2,500 personas.
La comunidad china: séptimo lugar entre la población extranjera
Por otro lado, la comunidad china presenta dos olas principales: una primera ligada a las obras de infraestructura e ingenios de finales del siglo XIX, y una segunda —más numerosa— a partir de los años 1980. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM RD), la comunidad de primera generación con residencia legal u ocupación fija se estima en torno a los 3,942–4,000 inmigrantes. En consecuencia, la comunidad china ocupa el séptimo lugar del ranking de población extranjera en el país.
El 79.9% reside en la Zona Metropolitana de Santo Domingo (47.94% en el Distrito Nacional y 31.96% en la provincia de Santo Domingo). Asimismo, la comunidad es predominantemente masculina (56% hombres / 44% mujeres) y mayoritariamente joven y activa (70%+ entre 20 y 49 años). Se desempeña en un 50% como comerciantes independientes, un 36% como empleados privados del mismo sector, y un 14% en actividades diversas. Estas corrientes diversifican el perfil étnico y comercial del fenómeno de la migración en la República Dominicana, complementando las grandes oleadas laborales del azúcar.
5. El trujillato: control, masacre y asilo selectivo (1930–1961)
El ascenso de Rafael Leónidas Trujillo al poder en 1930 transformó radicalmente la relación del Estado dominicano con la movilidad humana. Este período redefinió la migración en la República Dominicana mediante una arquitectura legal restrictiva. El régimen implementó un control migratorio de corte totalitario. En consecuencia, restringió los pasaportes, vigiló la frontera y utilizó la política migratoria como instrumento de ingeniería demográfica y geopolítica. La Ley General de Migración No. 95 del 14 de abril de 1939 —primera gran codificación migratoria del trujillato— introducía mecanismos de admisión selectiva por criterios raciales y nacionales, en consonancia con las tendencias restrictivas predominantes en América Latina en ese período.
La Masacre del Perejil (1937)
En octubre de 1937, fuerzas militares dominicanas ejecutaron una matanza sistemática en la región fronteriza noroccidental. Las investigaciones académicas más rigurosas —en particular el estudio del historiador Richard Lee Turits publicado en el Hispanic American Historical Review (82:3, 2002)— estiman que entre 12,000 y 15,000 personas de etnia haitiana fueron asesinadas entre el 2 y el 8 de octubre. Asimismo, el historiador dominicano Bernardo Vega documentó en Trujillo y Haití (Fundación Cultural Dominicana, 1988) que la matanza afectó a una población de composición mixta: entre las víctimas había tanto haitianos residentes como personas de origen binacional nacidas en territorio dominicano.
La narrativa del «shibboleth del perejil» —según la cual los soldados identificaban a las víctimas pidiéndoles pronunciar esa palabra para detectar el acento haitiano— circula ampliamente. Sin embargo, la historiografía contemporánea la matiza. Los estudios históricos señalan que, en muchos casos, la prueba fonética fue prescindible. Por el contrario, la persecución étnica precedía e incluso dispensaba de cualquier comprobación lingüística. Además, muchas víctimas eran bilingües.
Como consecuencia de la presión internacional, Trujillo negoció una indemnización de aproximadamente US$525,000. El acuerdo inicial se discutió en US$750,000, reducido en la negociación. No obstante, los pagos efectivos no cubrieron la totalidad de lo acordado. Una parte de los fondos fue desviada políticamente, según fuentes documentales de la época.
Sosúa: el asilo de conveniencia
En la Conferencia Internacional de Évian (julio 1938), convocada para gestionar el éxodo de refugiados judíos de la Alemania nazi, la República Dominicana fue el único país participante que ofreció públicamente acoger grandes contingentes de refugiados, con una promesa de hasta 100,000 cupos. Esta promesa fue esencialmente diplomática. En la práctica, entre 700 y 800 refugiados judíos —principalmente asquenazíes alemanes y austriacos— llegaron a la colonia agrícola de Sosúa (Puerto Plata) entre 1940 y 1945. Allí fundaron exitosas granjas lecheras que subsisten hasta hoy.
Por consiguiente, la historiografía interpreta el gesto de Évian como una operación de imagen posterior a la masacre de 1937. Esta operación se combinó con el propósito de atraer capital extranjero y de promover el blanqueamiento demográfico contemplado en la Ley 95 de 1939.
6. El gran éxodo: emigración dominicana post-1961
La muerte de Trujillo (30 de mayo de 1961) abrió las compuertas de una emigración que el régimen había contenido mediante el control de pasaportes. Asimismo, la inestabilidad política del período posttrujillista, la guerra civil de 1965 y las crisis económicas recurrentes convirtieron la emigración en una estrategia familiar de supervivencia y movilidad social.
De Hart-Celler a la diáspora global
La Ley Hart-Celler de Estados Unidos (1965), que eliminó las cuotas nacionales de origen para la inmigración, facilitó el acceso de los dominicanos al mercado laboral estadounidense. En consecuencia, el resultado fue una curva de crecimiento sin precedentes. La comunidad dominicana en Estados Unidos pasó de 12,000 personas en 1960 a 169,000 en 1980. Posteriormente, se duplicó antes de 1990 y volvió a duplicarse antes de 2010, según el Migration Policy Institute.
Hoy, la migración en la República Dominicana —en su vertiente de emigración— se extiende por 119 países y demarcaciones del mundo, según el Registro Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior 2024 del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), presentado en julio de 2025. Al cierre de 2024, la cifra total de dominicanos residentes en el exterior era de 2,874,124 personas, equivalentes al 26.7% de la población residente en el país (10,773,983 habitantes, Censo 2022). El 83.4% de la diáspora —2,398,009 personas— reside en Estados Unidos; el 8.3% (201,162) en España; y el 1.2% (29,791) en Italia. Asimismo, Chile y Canadá registran las tasas de crecimiento más aceleradas. El 53.5% de la diáspora son mujeres y el 37.2% tiene 25 años o menos.
7. Las remesas y la economía transnacional
La migración en la República Dominicana, en su vertiente de emigración, convirtió las remesas en uno de los pilares estructurales de la economía nacional. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) reporta una trayectoria de crecimiento sostenido. En consecuencia, las remesas se sitúan hoy como el segundo mayor generador de divisas después del turismo.
| Año | Remesas totales (US$ millones) | Variación interanual |
|---|---|---|
| 2022 | 9,856.5 | — |
| 2023 | 10,157.2 | +3.1% |
| 2024 | 10,756.0 | +5.9% |
| 2025 | 11,866.3 | +10.3% |
| Q1 2026 (trimestral) | 3,019.6 | +1.9% |
Las remesas en 2025: el récord histórico
En 2025, las remesas alcanzaron US$11,866.3 millones, equivalentes al 9.2% del PIB dominicano, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. El 82.5% de esos flujos provienen de Estados Unidos, el 6.2% de España y el 1.2% de Italia. A escala provincial, el Distrito Nacional concentra el 50.9% de los receptores y la provincia Santiago el 10.0%. Estos datos refuerzan el cuadro de fragilidad macroeconómica abordado en otros análisis económicos publicados en CADN36.
El impuesto del 1% a remesas desde Estados Unidos (enero 2026)
En enero de 2026 entró en vigor en Estados Unidos un impuesto del 1% sobre las remesas enviadas al exterior. El BCRD proyecta un impacto inicial moderado. Esta proyección se apoya en que el 57% de los dominicanos residentes en ese país son ciudadanos naturalizados, con acceso a mecanismos de reembolso (Migration Policy Institute, American Community Survey 2024). No obstante, el 43% restante —inmigrantes no naturalizados— enfrenta un costo adicional efectivo sobre transferencias que, en muchos hogares dominicanos, constituyen el ingreso principal.
8. Marco legal de la migración en la República Dominicana: de la Ley 285-04 a la TC/0168/13
La República Dominicana promulgó en 2004 su primera ley migratoria moderna: la Ley General de Migración No. 285-04, que sustituyó al instrumento trujillista de 1939. La nueva ley creó el Consejo Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Migración (INM RD), y estableció categorías actualizadas de admisión. Sin embargo, su reglamento de aplicación no se produjo hasta siete años después, mediante el Decreto 631-11 de octubre de 2011. Asimismo, la ley introdujo de manera silenciosa la «constancia rosada» como documento diferenciado para hijos de madres extranjeras sin residencia legal. Este mecanismo se convertiría en la antesala de la mayor crisis de ciudadanía de la historia republicana dominicana.
Sentencia TC/0168/13: la cuestión de la apatridia y el tema migración en la República Dominicana
El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la Sentencia TC/0168/13. Esta interpretó de manera restrictiva y retroactiva el derecho de suelo (jus soli) contenido en las constituciones dominicanas anteriores. La sentencia declaró que son ciudadanos dominicanos únicamente quienes nacen de padre o madre dominicanos, o de extranjeros con residencia legal. En consecuencia, aplicó esta regla retroactivamente a todos los nacimientos registrados entre 1929 y 2010.
Esta disposición afectó a una población estimada en más de 200,000 personas de ascendencia haitiana. La cifra se fundamenta en los 277,046 descendientes de inmigrantes nacidos en el país que registró la ENI-2017 (ONE/MEPyD) como universo potencial del problema, y en el informe de Participación Ciudadana (2022), organización dominicana de supervisión cívica, que documentó al menos 35,000 personas del Grupo A y más de 7,000 del Grupo B aún sin documentación válida. Muchas de ellas habían nacido en la República Dominicana y vivido décadas en el país. Por consiguiente, la Ley 169-14 (2014) intentó crear un régimen de transición con dos grupos: el Grupo A (personas con documentación previa) y el Grupo B (personas sin documentos, que debían inscribirse como extranjeros para luego naturalizarse).
Los resultados once años después son elocuentes. Del Grupo B, solo 8,962 personas se registraron dentro del plazo legal. De ellas, únicamente 799 han recibido la nacionalidad efectiva (749 por Decreto 262-20 y 50 por Decreto 297-21, ambos del Poder Ejecutivo dominicano). Las 7,963 personas restantes del Grupo B permanecen en situación de indefinición legal.
El debate sobre la sentencia divide a juristas y organizaciones civiles. Por un lado, quienes la defienden señalan que el artículo 11 de la Constitución de 1966 nunca garantizó un jus soli irrestricto, y que el Estado tiene soberanía plena para definir los criterios de nacionalidad sobre la base del estatus migratorio de los progenitores. Por otro lado, voces jurídicas nacionales e internacionales cuestionan su aplicación retroactiva, señalando que la retroactividad afectó a personas que el propio Estado dominicano había documentado durante décadas con actas de nacimiento, cédulas y pasaportes emitidos por la Junta Central Electoral.
9. La migración en la República Dominicana hoy: inmigración y stock contemporáneo
La República Dominicana es simultáneamente uno de los mayores emisores de emigrantes del hemisferio —en términos relativos— y uno de los principales receptores de inmigración del Caribe. La Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) con asistencia técnica del UNFPA, sigue siendo la fuente oficial vigente para la caracterización de la población inmigrante. El X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 publicó su Informe General y varios volúmenes temáticos durante 2024. Sin embargo, el análisis exhaustivo de flujos migratorios fue trasladado al Volumen VI (Migración, Fecundidad y Mortalidad), cuyo informe definitivo se encontraba en fase de procesamiento a la fecha de redacción de este artículo (mayo 2026).
La ENI-2017 reportó 570,933 inmigrantes residentes en el país, equivalentes al 5.6% de la población total. El 87.2% son nacidos en Haití (497,825 personas); el 12.8% restante proviene de otros países. Asimismo, el 62% de los inmigrantes son jóvenes, el 58.3% son hombres y el 76% emigró por razones económicas. Además del stock inmigrante, la encuesta identificó 277,046 descendientes de inmigrantes nacidos en la República Dominicana, de los cuales 253,255 son de origen haitiano. En consecuencia, la población de origen extranjero total —inmigrantes más descendientes— alcanza 847,979 personas, equivalentes al 8.3% de la población.
Venezolanos: la nueva cara de la migración en la República Dominicana
La crisis humanitaria en Venezuela (2014–presente) convirtió a la República Dominicana en el principal destino caribeño de migrantes venezolanos. Según la Plataforma R4V (coliderada por OIM y ACNUR), la cifra de venezolanos en el país alcanzó un pico de 125,549 personas en agosto de 2024. Posteriormente descendió a 99,692 en marzo de 2025. Esta reducción se atribuye a las elecciones venezolanas de julio de 2024 y a la posterior suspensión de vuelos directos.
El Plan Nacional de Normalización (PNV), vigente entre enero de 2021 y octubre de 2022, atendió a 43,000 inscritos, de los cuales 41,095 recibieron carnet de identificación. No obstante, la Plataforma R4V estima que el 63% de los venezolanos en RD no pudo acceder al PNV por limitaciones económicas, de documentación o de acceso geográfico a los centros de registro.
Por otra parte, los niños nacidos en la República Dominicana de padres venezolanos no acceden a la nacionalidad dominicana por jus soli. Esta situación es consecuencia directa de la sentencia TC/0168/13 y la Constitución de 2010. En consecuencia, genera un riesgo emergente de apatridia en la segunda generación, agravado por la suspensión de servicios consulares venezolanos en el país.
10. Análisis estratégico: la doble condición de la migración en la República Dominicana
La historia de la migración en la República Dominicana revela una paradoja estructural que pocas naciones del hemisferio experimentan con tanta intensidad. El país es, al mismo tiempo, uno de los mayores exportadores de población —en términos relativos— y uno de los principales receptores de inmigración del Caribe. La diáspora de 2,874,124 personas representa el 26.7% de la población residente. Asimismo, la inmigración, con 570,933 personas registradas más 277,046 descendientes, alcanza el 8.3% de la población. Ningún otro país caribeño presenta ambas dinámicas con esa magnitud simultánea.
Esta doble condición no es accidental. Por el contrario, es el resultado de decisiones históricas acumuladas a lo largo de dos siglos: una economía que requirió mano de obra externa para su sector agroindustrial, una emigración masiva que respondió a crisis políticas y económicas, y una diáspora que, lejos de desvincularse del país de origen, mantiene un lazo económico, cultural y político de enorme densidad. Las remesas de US$11,866 millones en 2025 no son solo una estadística. Son la expresión cuantificable de una red transnacional que sostiene el consumo interno, las reservas internacionales y la estabilidad de millones de hogares dominicanos.
Desafíos en materia de migración en la República Dominicana
El principal desafío institucional que enfrenta el Estado dominicano no es gestionar uno u otro flujo migratorio por separado. Más bien, consiste en construir un marco jurídico coherente que reconozca esa doble condición sin contradicciones. Hoy, ese marco presenta fracturas visibles: una diáspora de casi tres millones de personas cuya contribución económica es estructuralmente indispensable coexiste con una política de inmigración que ha producido la mayor crisis de ciudadanía de la historia republicana dominicana. Resolver esa tensión —entre la nación transnacional que el país es de facto y el Estado-nación que su legislación aún pretende ser— es probablemente el reto migratorio más significativo que la República Dominicana enfrentará en las próximas décadas. Este análisis se inscribe en el conjunto de análisis económicos sobre la República Dominicana publicados en CADN36.
Fuentes y referencias clave
Este análisis sobre la migración en la República Dominicana se basa en fuentes primarias e institucionales verificadas: Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) — Registro Sociodemográfico 2024 —, Oficina Nacional de Estadística (ONE) — ENI-2012 y ENI-2017 —, Instituto Nacional de Migración (INM RD), Ministerio de Interior y Policía (MIP), Plataforma R4V (OIM/ACNUR), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Migration Policy Institute (MPI), Participación Ciudadana e Instituto Nacional de Estadística de España (INE). Las referencias académicas principales incluyen los trabajos de Richard Lee Turits (Hispanic American Historical Review, 82:3, 2002), Bernardo Vega (Trujillo y Haití, Fundación Cultural Dominicana, 1988) y Frank Moya Pons (Manual de Historia Dominicana). Para contexto patrimonial, recomendamos la sección de guías de viaje dominicanas de CADN36.
Nota metodológica: Todas las cifras deben verificarse contra los boletines primarios antes de la publicación definitiva. Las estimaciones de organismos internacionales pueden diferir de los datos oficiales del gobierno dominicano por diferencias metodológicas. El Volumen VI del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 (ONE), correspondiente a Migración, Fecundidad y Mortalidad, se encontraba en fase de procesamiento al momento de la redacción de este artículo (mayo 2026). La cuantificación de la comunidad sirio-libanesa histórica es estadísticamente inviable en los censos contemporáneos por efecto de la temprana naturalización y la ausencia de variables de ancestría étnica en los formularios censales dominicanos.
