A mediados de 2026, un hombre sancionado por el Tesoro de Estados Unidos controla entre el 80 y el 90 por ciento de Puerto Príncipe. Tiene una recompensa de cinco millones de dólares sobre su cabeza y está designado formalmente como terrorista por el Departamento de Estado. Controla también las tres salidas vehiculares de la capital haitiana hacia el resto del país. Eso incluye más de la mitad de la carretera que conduce al cruce fronterizo de Malpasse con República Dominicana. Desde hace más de dos años, la comunidad internacional desarrolla planes para ignorarlo. La crisis de Haití 2026 demuestra que esos planes no han funcionado. La pregunta que este análisis propone no es si Jimmy Chérizier, alias Barbecue, es un criminal. Eso ya está documentado en decenas de informes. La pregunta es más incómoda: ¿puede Haití estabilizarse sin hablar con él?
El hombre detrás del alias
Jimmy Chérizier nació en el seno de una familia pobre del barrio de Delmas, en Puerto Príncipe. Hizo lo que muchos jóvenes haitianos en su situación hacen cuando quieren una salida con legitimidad institucional: entró a la Policía Nacional de Haití. Llegó a integrar la CIMO, la unidad de intervención y mantenimiento del orden, el equivalente funcional de una unidad de respuesta táctica. Para quienes lo conocieron en esa etapa, era un oficial capaz y ambicioso.
El giro ocurrió en noviembre de 2018. La Policía Nacional lo vinculó a la masacre de La Saline, un ataque contra civiles en uno de los barrios más pobres de la capital en el que murieron al menos 71 personas según registros de derechos humanos. Chérizier fue dado de baja. En lugar de desaparecer, emergió como líder visible de la coalición G9 Familia y Aliados, cuyo nacimiento anunció públicamente en junio de 2020. Su discurso inaugural fue político desde el inicio. Reclamó representar a los más pobres contra las élites que habían usado históricamente a las pandillas como instrumento de presión y luego las abandonaban cuando ya no las necesitaban. Esa retórica de traición popular, que conecta con narrativas profundas de la Revolución Haitiana y el resentimiento histórico contra las clases dominantes, ha sido una de las claves de su legitimidad parcial entre sectores de la población más pobre.
El origen del alias y las sanciones que llegaron tarde
El alias Barbecue tiene dos versiones que conviven sin resolverse. La que él mismo ha contado señala que proviene del negocio de barbacoa de su padre en el barrio donde creció. La versión alternativa, que circula en medios internacionales, lo asocia con el método de eliminación de víctimas mediante fuego, práctica documentada en episodios vinculados a grupos bajo su mando. Chérizier ha rechazado sistemáticamente esta segunda interpretación. Los hechos constatados en La Saline incluyen el uso de fuego contra víctimas.
En septiembre de 2023, el G9 se fusionó con su rival histórico G-Pèp para formar Viv Ansanm —»Vivir Juntos» en criollo haitiano. Es la coalición que hoy controla la capital y tiene al gobierno de transición en situación de parálisis operativa. Las sanciones internacionales se acumularon con rapidez. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó medidas bajo la Ley Magnitsky Global en diciembre de 2020. El Consejo de Seguridad de la ONU incluyó a Chérizier en la lista de sanciones de la Resolución 2653. Y en mayo de 2025, el Secretario de Estado Marco Rubio designó a Viv Ansanm como Organización Terrorista Extranjera. Es la primera coalición de pandillas caribeñas en recibir esa categoría en la historia del Departamento de Estado. En agosto del mismo año se anunció la recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.
Hoy el Tribunal Penal de Puerto Príncipe tiene órdenes de arresto vigentes contra él. Y aun así, nadie ha podido ejecutarlas, porque nadie controla el territorio donde opera. Ese es el punto de partida obligatorio para comprender la crisis de Haití 2026.
Lo que controla: el Estado paralelo
Las cifras sobre el control territorial de Viv Ansanm en Puerto Príncipe varían según la fuente y la metodología. La Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos (DNI/NCTC) afirma que la coalición controla «más del 90 por ciento de Puerto Príncipe». El sistema de Naciones Unidas, más cauteloso en sus estimaciones, habla de «entre el 80 y el 90 por ciento» del área metropolitana. El International Crisis Group, en su informe de diciembre de 2025, elige describir el control en términos geográficos concretos antes que en porcentajes: Viv Ansanm controla todas las salidas de la capital. La Carretera Nacional 2 hacia el sur. Gran parte de la Nacional 1 hacia el norte y el departamento de Artibonite. Y más de la mitad de la Nacional 8 hacia el cruce de Malpasse, que es la principal conexión terrestre con República Dominicana.
El costo humano del Estado paralelo
Ese control territorial no es solo una estadística. Genera consecuencias materiales medibles: el 60 por ciento de los hospitales de Puerto Príncipe han dejado de operar según estimaciones del Georgetown Institute for Women, Peace and Security. Según OCHA, 6.4 millones de personas —más de la mitad de la población haitiana— necesitan asistencia humanitaria en 2026, incluyendo 5.7 millones en situación de inseguridad alimentaria aguda. Por último, 1.4 millones de haitianos están desplazados internamente, según la Organización Internacional para las Migraciones, el doble que en el mismo período de 2024. La mitad de esos desplazados son niños.
En términos de violencia directa: más de 5,600 personas murieron por violencia de pandillas en 2024, según BINUH. En 2025 la cifra rondó las 6,000 muertes, de acuerdo con datos de Naciones Unidas citados por France 24. Médicos Sin Fronteras trató cerca de 17,000 víctimas de violencia sexual en la última década, con aproximadamente 2,300 solo en los primeros nueve meses de 2024. El International Crisis Group estima que Viv Ansanm tiene entre 12,000 y 20,000 miembros, de los cuales alrededor de 3,000 están fuertemente armados. Entre el 30 y el 50 por ciento de sus integrantes son menores de edad según estimaciones de la ONU, lo cual convierte cualquier estrategia exclusivamente militar en un ejercicio de costos humanitarios difíciles de justificar públicamente.
La respuesta internacional que no llega al terreno
La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) liderada por Kenia fracasó. Nunca alcanzó la mitad de sus 2,500 efectivos previstos y recibió solo 85 millones de los 600 millones que necesitaba anualmente. Para sustituirla, el Consejo de Seguridad aprobó en septiembre de 2025 la Resolución 2793. Esta resolución crea la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) con un techo autorizado de 5,500 uniformados. A mediados de 2026, la GSF opera con aproximadamente 1,000 efectivos desplegados. Quince países prometieron más de 11,000. El despliegue real sigue siendo una fracción de lo autorizado, lo cual sintetiza una de las dinámicas centrales de la crisis de Haití 2026: hay capacidad institucional internacional declarada y muy poca capacidad operativa real.
El video, la mentira y los medios que la creyeron
El 2 de mayo de 2025, un video de Jimmy Chérizier comenzó a circular en redes sociales dominicanas con una traducción manipulada. Se le atribuían frases como «corten sus cabezas», «quemen sus cuerpos» y «hasta ser dueños de toda la isla, no nos rendiremos». Varios medios digitales dominicanos publicaron ese contenido sin verificación independiente.
El 26 de mayo de 2025, la agencia EFE publicó la verificación completa a través de su servicio EFE Verifica. El análisis del video original, en criollo haitiano, reveló que Chérizier estaba haciendo ejercicio en una trotadora mientras comentaba los rumores que circulaban sobre él en redes sociales. Su mensaje real: «Hoy es viernes 2 de mayo de 2025. Estoy haciendo un poco de deporte para quemar algo de grasa. Viv Ansanm no puede tener miedo. Jimmy Chérizier, Barbecue. Hasta luego.» Las frases sobre invadir la isla eran una traducción fabricada. Infobae y Swissinfo confirmaron la verificación de EFE. La conclusión fue categórica: no existe ninguna evidencia de que Chérizier haya amenazado a República Dominicana.
Lo que sí dijo Chérizier sobre República Dominicana
Chérizier sí ha mencionado a República Dominicana. En una declaración de marzo de 2025 recogida por EFE Verifica, dijo que podría irse a «vivir bien a la República Dominicana» si quisiera. Pero prefería quedarse en Haití a luchar por su dignidad. Es una frase de indiferencia pragmática, no de hostilidad.
El episodio importa más allá del fact-checking puntual. En un entorno donde la desinformación sobre Haití circula sin fricción en el espacio digital dominicano, la capacidad de analizar la crisis con frialdad es una condición previa para cualquier política pública coherente sobre el tema. Los medios que publicaron la amenaza fabricada no han sido los únicos en distorsionar la realidad haitiana, pero este caso quedó documentado con nombres, fechas y verificación de agencia internacional. Cualquier conversación seria sobre la crisis de Haití 2026 debe partir de fuentes verificadas, no de traducciones manipuladas en redes sociales.
El modelo internacional ante la crisis de Haití 2026
PetroCaribe: el patrón documentado de la captura
Para entender por qué la crisis de Haití 2026 es tan profunda, es necesario mirar hacia atrás. El escándalo PetroCaribe es el punto de partida más honesto. El programa fue firmado entre Venezuela y Haití en 2006 bajo el gobierno de René Préval. Permitía a Haití comprar petróleo a precios favorables y destinar el excedente a infraestructura y desarrollo. El Tribunal Superior de Cuentas de Haití (CSC/CA) publicó su tercer informe el 17 de agosto de 2020. Auditó aproximadamente 1,740 millones de dólares ejecutados entre 2008 y 2016. Concluyó que los proyectos vinculados al fondo «no fueron gestionados respetando los principios de eficiencia y economía». El valor total del programa PetroCaribe con Haití rondó los 3,800 millones de dólares. Cuatro presidentes y seis gobiernos distintos estuvieron implicados en su administración. La infraestructura prometida, en la mayoría de los casos, nunca se construyó.
El PetroCaribe no fue una excepción. Fue la expresión más documentada de un patrón más amplio. El Center for Economic and Policy Research (CEPR) analizó los fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). En un período evaluado, USAID destinó 368 millones de dólares a programas en Haití. Solo el 7.6 por ciento llegó a entidades genuinamente haitianas. El resto se distribuyó entre contratistas internacionales, organizaciones no gubernamentales extranjeras y costos operativos del propio ecosistema de ayuda.
Los incentivos del sistema y los planes que no se financian
Los datos del sistema ONU confirman la tendencia. El Plan Humanitario de 2025 solicitó 908 millones de dólares y cerró el año con el 24 por ciento financiado. El Plan de 2026 solicitó 880 millones y a febrero de ese año había recibido aproximadamente el 4 por ciento. Cuando la ayuda no llega, y cuando la que llega no alcanza a las poblaciones bajo control territorial de las pandillas, el resultado no es solo una crisis humanitaria sin resolver. Es la demostración práctica de que el modelo de intervención está estructuralmente diseñado para operar sin resolver el problema de fondo.
Esta observación no requiere atribuir mala intención a ningún organismo en particular. Requiere reconocer que los sistemas de ayuda humanitaria tienen incentivos institucionales propios que no siempre coinciden con los incentivos de las poblaciones que pretenden asistir. Haití lleva más de veinte años recibiendo ayuda internacional en cantidades históricamente significativas y está, en 2026, en condiciones materiales peores que en cualquier momento anterior de ese período.
El caso para la negociación
En diciembre de 2025, el International Crisis Group publicó el informe «Undoing Haiti’s Deadly Gang Alliance», basado en más de 300 entrevistas realizadas entre 2022 y 2025. Es el análisis más completo disponible sobre Viv Ansanm y, por extensión, sobre la crisis de Haití 2026 y sus implicaciones para la transición política haitiana. Su recomendación sobre la negociación merece citarse con precisión para evitar distorsiones. El ICG propone que, una vez que el equilibrio de poder se desplace hacia el Estado, los actores externos e internos deberían iniciar conversaciones con las pandillas. Esas conversaciones girarían sobre tres ejes: reducción de violencia, desmovilización y ruptura de vínculos entre el crimen organizado y las élites haitianas.
La condición es importante. El ICG no propone negociar desde la debilidad ni reconocer a Viv Ansanm como interlocutor político equivalente al Estado. Propone negociar cuando exista una posición de fuerza suficiente. Pero añade algo igualmente relevante. Incluso si la GSF cumple su promesa operativa, «es difícil calcular el posible costo en vidas y recursos de una campaña para destruir a las pandillas». Y concluye: «en algún momento, las negociaciones desde una posición de fuerza servirían a Haití mucho mejor como primer paso en el largo camino hacia la estabilidad».
El «Endgame Dilemma» y la voz académica haitiana
El Institute for Integrated Transitions (IFIT) fue más directo. En 2022 organizó un foro titulado explícitamente Negotiating with Criminal Gangs: an Inevitable Path for Haiti? Los académicos haitianos Robert Fatton Jr., de la Universidad de Virginia, y François Pierre-Louis, del City University of New York, participaron en esa discusión. El IFIT trabaja desde el concepto del «Endgame Dilemma». El dilema describe el problema central de negociar con grupos criminales en lugar de grupos guerrilleros. A diferencia de una guerrilla con motivación política, un grupo criminal no puede simplemente «volverse político» al final de un acuerdo. Su estructura de poder depende de actividades ilícitas que no tienen equivalente legal. Ese dilema no invalida la negociación. La hace más compleja y exige condiciones de diseño más cuidadosas.
Robert Fatton Jr. es uno de los académicos haitianos más respetados en el análisis político del país. Ganó el Premio a la Trayectoria de la Haitian Studies Association. Lo expresó con una lucidez que vale reproducir: «En un momento dado, puede ser que haya negociaciones, incluso si son negociaciones secretas con algunas de las pandillas. Quienes crearon las pandillas crearon un monstruo. Y ahora el monstruo puede no estar totalmente al mando, pero tiene la capacidad de bloquear cualquier tipo de solución.»
Las voces disidentes: el debate dentro de Haití
El debate sobre la negociación no es uniforme dentro de Haití, y cualquier análisis serio está obligado a presentar sus contradicciones. Leslie Voltaire, expresidente del Consejo Presidencial de Transición, fue categórico en Le Nouvelliste a principios de 2025: «Es escandaloso que demócratas quieran componer con la coalición de pandillas Viv Ansanm.» Su posición refleja la de un sector de la clase política haitiana. Ese sector ve en cualquier diálogo con los grupos armados una legitimación del crimen que el Estado no puede permitirse, independientemente de la realidad territorial.
La Conferencia Episcopal de Haití adoptó una postura más matizada. En noviembre de 2024, emitió un llamado dirigido a «los miembros del gobierno, la sociedad civil y los protagonistas de todos los bandos, armados o desarmados», pidiendo reconocer que era el momento de resolver el problema de la violencia. Pero el mismo llamado incluía una exigencia explícita a los grupos armados: «deponer las armas, renunciar a la violencia y al secuestro, y dejar de derramar la sangre de sus hermanas y hermanos». La posición de la Iglesia católica haitiana es favorable al diálogo nacional, no a la amnistía como condición de entrada.
Estas voces forman parte del debate real en Haití. Ignorarlas sería cometer el mismo error que el modelo internacional que pretende resolver la crisis sin incluir a los haitianos que tienen algo que perder en cada escenario posible.
Los precedentes regionales: lo que funcionó y lo que falló
La historia reciente de América Latina y el Caribe ofrece varios precedentes de negociación con grupos armados no guerrilleros. Ninguno es un modelo replicable sin matices. Todos ofrecen lecciones que el caso haitiano no puede ignorar.
El Salvador, 2012-2014: la tregua mediada por la Iglesia
Bajo el gobierno de Mauricio Funes, una tregua mediada por la Iglesia Católica entre la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 18 redujo los homicidios diarios de 16 a menos de 5. Los asesinatos cayeron aproximadamente un 54 por ciento en los primeros meses. El resultado fue reconocido internacionalmente. La tregua colapsó en 2014. Para 2015, El Salvador alcanzó una tasa de 103 homicidios por 100,000 habitantes. La lección: una tregua sin reforma institucional, sin opciones económicas para los miembros de menor rango y sin mecanismos de verificación independientes es frágil por construcción.
El Salvador, 2019-2022: el pacto secreto y el costo autoritario
El mismo país ofrece un segundo precedente, más reciente y más polémico. Documentos de El Faro revelaron que el gobierno de Nayib Bukele negoció acuerdos secretos con MS-13 y Barrio 18 desde 2019. Esto contribuyó a reducir la tasa de homicidios de 53.1 por 100,000 en 2018 a 17.6 por 100,000 en 2021. El pacto colapsó en marzo de 2022, con 87 asesinatos en 72 horas. Bukele respondió con un régimen de excepción. Resultó en el encarcelamiento del 1.6 por ciento de la población salvadoreña, una tasa de prisión tres veces superior a la de Estados Unidos. Las cifras de violencia cayeron. El costo en términos de derechos humanos y gobernabilidad democrática ha sido documentado sistemáticamente. La lección: los resultados estadísticos de una negociación no son suficientes para evaluarla si el proceso produce estructuras autoritarias de largo plazo.
Ecuador, 2007-2021: legalización con final ambiguo
En la administración de Rafael Correa, las pandillas Latin Kings, Ñetas y otras organizaciones fueron reconocidas como «agrupaciones juveniles urbanas» y sometidas a un proceso de legalización condicionada. El Banco Interamericano de Desarrollo reconoció el modelo en informes oficiales: los homicidios cayeron de 18 por 100,000 en 2011 a 5.75 por 100,000 en 2017. El modelo colapsó después. Los Latin Kings y las Ñetas fueron progresivamente cooptados por el narcotráfico transnacional. En enero de 2024, fueron designados organizaciones terroristas por el mismo Estado ecuatoriano que los había legalizado diecisiete años antes. La lección: la integración sin seguimiento sostenido, sin reforma policial profunda y sin generación real de oportunidades económicas termina creando estructuras criminales más sofisticadas que las originales.
Jamaica: la mediación comunitaria de bajo costo institucional
El caso jamaicano es menos documentado en términos estadísticos pero igualmente relevante. Figuras religiosas y líderes comunitarios han actuado históricamente como mediadores informales entre comunidades bajo control de «dons» y las autoridades. El proceso ha sido fragmentado, nunca institucionalizado plenamente, y sus resultados son difíciles de medir con precisión. Pero la experiencia jamaicana ofrece un elemento que los otros casos no tienen: negociación comunitaria sostenida con menor costo autoritario, aunque también con menor alcance territorial verificable.
Lo que estos precedentes muestran en conjunto no es que la negociación sea inútil ni garantía de éxito. Indican que la negociación sin condiciones de diseño adecuadas produce resultados frágiles o contraproducentes. Y revelan que la ausencia de negociación, en contextos donde los grupos armados controlan el territorio, ha producido resultados consistentemente peores. Para la crisis de Haití 2026, ese aprendizaje regional no es un dato menor.
El costo de la crisis de Haití 2026 para República Dominicana
La conversación sobre Haití en la República Dominicana tiende a plantearse en términos de amenaza y contención. Es comprensible, dado el volumen de la crisis migratoria y la presión sobre los servicios públicos. Pero esa narrativa oscurece un dato fundamental. La historia migratoria de La Española lo explica: Haití es, o fue hasta el deterioro reciente, el segundo socio comercial de República Dominicana, solo por detrás de Estados Unidos.
El costo económico de la frontera y de las deportaciones
Cuando el presidente Luis Abinader decretó el cierre de la frontera el 15 de septiembre de 2023, el costo económico fue inmediato y cuantificable. Según datos citados por Diario Libre y análisis de economistas dominicanos, el cierre implicó una pérdida de aproximadamente cuatro millones de dólares diarios en exportaciones e intercambio bilateral. La productividad del mercado binacional de Dajabón, que generaba cerca de RD$250 millones semanalmente en condiciones normales, cayó aproximadamente un 80 por ciento. El comercio formal dominicano con Haití entre enero y agosto de 2023 representó 673 millones de dólares, equivalente al 8.27 por ciento de las exportaciones totales del país, según ProDominicana. Estas cifras dimensionan lo que la crisis de Haití 2026 le está costando concretamente a la economía dominicana en términos de oportunidades perdidas y dinamismo fronterizo.
En materia migratoria, República Dominicana deportó más de 370,000 haitianos en 2025, según datos de la Dirección General de Migración citados por Diario Libre. En términos operativos, logísticos y diplomáticos, esas deportaciones tienen un costo que las estadísticas de flujo no capturan completamente. La crítica internacional es sostenida —ACNUR, Amnistía Internacional y la ONU han documentado condiciones preocupantes en el proceso— y genera fricción diplomática permanente. El modelo de contención exclusiva es costoso, impopular internacionalmente y, según los propios datos de flujo migratorio, de eficacia limitada frente a una crisis que seguirá produciendo desplazados mientras Haití no se estabilice. Cualquier análisis serio sobre la relación entre Dominicana y Haití tiene que partir de este dato estructural.
Las voces dominicanas que ya nombran la contradicción
Voces del sector privado dominicano han comenzado a nombrar esta contradicción en público. Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), fue explícito en junio de 2025. La crisis de Haití, dijo, «plantea un riesgo inmenso, multidimensional que impacta nuestra seguridad nacional, economía y plantea un desafío permanente a la estabilidad de nuestro país y todo el continente». Julio V. Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), señaló que las operaciones comerciales formales de su sector «dependen por completo del nivel de estabilidad del vecino país». Edwin Paraison, excónsul haitiano en República Dominicana y director ejecutivo de la Fundación Zilé, lo dijo en términos que difícilmente admiten interpretación alternativa: «Los dos países deben sentarse juntos y definir un plan. La República Dominicana no puede hablar sola de Haití ante el mundo mientras Haití no esté en esa mesa.»
La lógica es sencilla, aunque políticamente incómoda: un Haití estable es un mejor vecino, un mejor socio comercial y una menor fuente de presión migratoria que un Haití en colapso permanente. La crisis de Haití 2026, vista desde Santo Domingo, no es un asunto extranjero. Esa no es una posición de filantropía. Es un cálculo de interés nacional.
Los escenarios posibles para la crisis de Haití 2026
| Escenario | Descripción | Probabilidad de estabilización |
|---|---|---|
| Supresión militar exclusiva | GSF alcanza capacidad operativa plena y desplaza a Viv Ansanm del territorio | Baja en el corto plazo. GSF lleva más de un año sin acercarse a los efectivos autorizados |
| Negociación condicionada | GSF avanza militarmente y se abren conversaciones desde una posición de fuerza (modelo ICG) | Media, si se alcanzan las condiciones de diseño que los precedentes regionales indican |
| Colapso sostenido | El statu quo actual se prolonga indefinidamente | No es estabilización. Es el escenario de mayor costo regional, incluyendo para RD |
Con los elementos disponibles a mediados de 2026, los tres trayectos posibles para Haití tienen perfiles de riesgo muy distintos.
Los tres trayectos en detalle
La continuación del modelo actual incluye supresión militar a través de la GSF, deportaciones masivas y exclusión formal de Viv Ansanm de cualquier proceso político. Tiene un historial de dos años de resultados negativos. No reduce el territorio de las pandillas y los costos humanitarios crecen. No es imposible que la GSF cambie el equilibrio de fuerzas si alcanza los 4,000 o 5,000 efectivos con financiamiento sostenido. El ICG considera ese umbral como la condición mínima para negociar desde una posición de fuerza. El problema es que la GSF lleva más de un año sin acercarse a ese umbral, y el historial de financiamiento de sus predecesoras no ofrece razones para el optimismo.
Una negociación condicionada, que el ICG recomienda y el IFIT describe como inevitable, implica primero avanzar en la capacidad operativa del Estado y luego abrir conversaciones sobre reducción de violencia y desmovilización con sectores del mundo pandillero. No es una amnistía general. No es la entrega del Estado a Viv Ansanm. Es el reconocimiento de que un territorio sin Estado no puede recuperarse sin alguna forma de acuerdo con quienes lo controlan de hecho. Los precedentes regionales muestran que puede funcionar si el diseño contempla las lecciones aprendidas, y que fracasa cuando no lo hace.
El tercer escenario, el colapso sostenido, no es de estabilización. Es el escenario actual prolongado indefinidamente. En ese caso, los 1.4 millones de desplazados seguirán creciendo, el flujo migratorio hacia República Dominicana se mantendrá, y el costo económico de la frontera semioperativa continuará erosionando el intercambio bilateral. Haití se consolidaría como Estado fallido de largo plazo en el Caribe, con implicaciones regionales que ningún país de la isla puede ignorar.
La pregunta que hay que responder
Jimmy Chérizier no es un interlocutor deseable. Está implicado en masacres documentadas, en el desplazamiento de más de un millón de personas, en el bloqueo de servicios médicos y en el reclutamiento de menores para sus estructuras armadas. Nada en este análisis pretende ignorar o minimizar esos hechos. Las sanciones internacionales que pesan sobre él y sobre Viv Ansanm tienen fundamento en evidencia real.
Pero la pregunta no es si Chérizier merece ser sentado a ninguna mesa. La pregunta es si Haití puede estabilizarse sin que alguien, en algún momento, hable con quien controla el territorio. El International Crisis Group —que no es una organización radical ni improvisada— dice que eventualmente habrá que hacerlo. El IFIT dice que es un camino inevitable. Robert Fatton Jr. dice que en algún momento ocurrirá, aunque sea en secreto. Y los datos de veinte años de ayuda internacional muestran que el modelo de exclusión no ha producido los resultados que prometió.
El costo dominicano de la inacción
Para República Dominicana, la respuesta tiene consecuencias económicas, migratorias y diplomáticas directas y medibles. Un Haití que no se estabiliza seguirá siendo una fuente de presión permanente sobre la frontera, sobre la economía y sobre la posición internacional del país. Negarse a tener una posición clara sobre esto no es neutralidad. Es una posición por omisión, y esa posición tiene costos que el sector privado dominicano ya empieza a nombrar en voz alta.
La crisis de Haití 2026 no tiene solución simple. Pero ignorar a quien controla el 85 por ciento del territorio no ha demostrado ser solución de ninguna clase.
Fuentes principales consultadas para este análisis: International Crisis Group, Undoing Haiti’s Deadly Gang Alliance (15 de diciembre de 2025). IFIT, Negotiating with Violent Criminal Groups (2021). OCHA, Plan de Respuesta Humanitaria para Haití 2026 (diciembre de 2025). CSC/CA de Haití, tercer informe sobre PetroCaribe (17 de agosto de 2020). EFE Verifica (26 de mayo de 2025). Infobae (26 de mayo de 2025). Swissinfo. Le Nouvelliste. Diario Libre. Declaraciones de Robert Fatton Jr. (Universidad de Virginia) y Vanda Felbab-Brown (Brookings Institution). Todas las cifras requieren verificación humana contra fuentes primarias antes de la publicación.